La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una resolución que reduce marcadamente el listado de las personas políticamente expuestas que están bajo obligación de aportar información relevante para la persecución del lavado de activos. Los que dejaron de estar obligados son funcionarios de los tres Poderes del Estado y de organismos de control, así como autoridades empresariales que conducen cámaras o asociaciones, quienes a veces tienen relevancia por sus contactos con funcionarios públicos.
La medida del órgano que está bajo la esfera de Mariano Cúneo Libarona recibió fuertes críticas de entidades civiles y jurídicas que la consideran un retroceso en el sistema antilavado. Es una resolución que limita el concepto de función pública prominente y va contra las recomendaciones del GAFI que considera personas políticamente expuestas a las que su gobierno les confía actividades públicas. Pero también a otras del sector privado de influencia en el sector estatal, con lo que pueden afectar tanto al sistema antilavado como al sistema económico financiero.
Entidades como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) consideran que la disposición de la UIF no tiene fundamentación atendible, facilita iniciativas de corrupción e impacta en la recepción de información con la que el Estado puede diseñar políticas públicas.
El 6 de diciembre pasado la UIF aprobó la resolución 192/2024 que se publicó en el Boletín Oficial cuatro días después. Con ello limitó el concepto limitó el concepto de función pública prominente y redujo la lista de personas políticamente expuestas.
Según advierte el Cipce, esta resolución eliminó rangos subalternos que estaban políticamente expuestos, y por lo tanto debían cumplir de modo obligado con la normativa que establece la UIF, en especial emitiendo los reportes de operaciones sospechosas y produciendo monitoreo constante a clientes. Entre estos estratos liberados se cuentan subsecretarios del Poder Ejecutivo, secretarios del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, directores en el marco de una intervención federal, directores en organismos administrativos. Se añadieron también como desobligados los rangos inferiores a máximas autoridades de fuerzas militares, de seguridad y penitenciarias. Quedaron exentos igualmente los secretarios en universidades y miembros relevantes de partidos políticos o alianzas electorales.
El titular de la UIF, Paul Starc.
También quedó sin exigencia de informar a la UIF el personal del Poder Legislativo a nivel nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el personal subalterno con funciones o poder de decisión en control, supervisión y contrataciones públicas, aunque siguen obligadas las máximas autoridades de organismos que otorgan y supervisan habilitaciones, permisos y licitaciones.
Dejan por último de tener responsabilidad de informar las autoridades de agrupaciones empresariales como cámaras, asociaciones y otras formas corporativas. Y respecto de los que siguen obligados, quedan liberadas las personas que tienen relaciones con ellos en segundo grado de cosanguinidad o parentesco (abuelos, hermanos, nietos). Se mantienen solamente las de primer grado (hijos, cónyuges, padres, convivientes).
El Cipce fue muy crítico de la decisión del gobierno de Milei. La directiva Alejandra Freire dijo a LPO que desde la primera versión de 2011 la UIF amplió siempre el alcance de la definición de Persona políticamente expuesta, pero la última resolución hace lo contrario.
En octubre pasado Argentina superó la cuarta ronda de evaluación mutual del GAFI sobre control de lavado de activos, algo celebrado por el gobierno de Milei por facilitar la inversión de capitales extranjeros. Pero dos meses después de la calificación el gobierno redujo los estándares previos y echó posteriormente al jefe de la UIF Ignacio Yacobucci que había designado al asumir.
“Entre 2011 y 2023 Argentina mantuvo un concepto amplio de función pública prominente, entendiendo que también abarca a las funciones que se ejercen en el sector privado, que tienen relevancia pública y que pueden ejercer influencia sobre un funcionario”, señaló Freire. “Por eso se incorporó a las autoridades de organizaciones sindicales, obras sociales y empresariales. Pero sin ningún fundamento esta última resolución saca de las personas expuestas a autoridades de organizaciones empresariales que la UIF había mantenido durante diferentes gestiones y con cambios de gobierno”, indicó.
El Cipce subraya que las cámaras empresariales administran fondos, realizan negociaciones con los gobiernos sobre salarios, producción, consumo y precios. Y que muchas empresas contratan con el Estado. Por lo que el control limita la corrupción y frena el avance de la criminalidad económica organizada. “Esta reducción da lugar a que se realicen abusos en el sistema económico y financiero”, dijo Freire.
El cambio de interpretación oficial sobre quién ocupa una posición pública dominante libera de obligaciones a funcionarios de rangos medios de los poderes legislativos, secretarios del Poder Judicial y Ministerios Públicos en actividades como compras y contrataciones donde a veces se producen hechos de corrupción.
El procesalista Alberto Binder, titular del Inecip, dijo a LPO que esta regulación no debe analizarse en forma aislada. “En este momento se está produciendo un doble fenómeno. Hay un debilitamiento de la institucionalidad formal con abuso de facultades de Poder Ejecutivo. Pero paralelamente esto se vincula con el fortalecimiento del subsuelo de la democracia, el infraEstado mafioso, el auge de grupos a veces en zona grises que actúan de hecho. Este debilitamiento de la UIF de ahora va de la mano de la recuperación del esquema Stiuso de los servicios de inteligencia, del estilo en el manejo de ciertos temas de seguridad con este gobierno”, sostuvo.
Para Binder el gobierno previo a Milei hizo algo similar. “Mientras hablaba que dejaría los sótanos de la democracia los utilizaba. Los viejos acuerdos entre nosiglismo, Angelici, Milani con manejos oscuros se restablecen. Me llama la atención el lugar de Santiago Caputo, que no quiere ser funcionario pero construye la sala de comando oficial desde esa lógica. Esto de la UIF ahora se da en un momento en que Argentina debería fortalecer el control del flujo de capitales ilícitos que están conectados a mercados criminales de rápida expansión. Se hace lo contrario”.
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