La Corte Suprema de Santa Fe hizo zafar al poderoso empresario Sergio Taselli de afrontar una pena de prisión y multas multimillonarias por un grave evento de envenenamiento ambiental que una compañía petroquímica a su cargo produjo en una localidad a cinco kilómetros de Rosario.
La decisión del tribunal máximo provincial es el último mojón de un trámite lleno de oscuridades, con sospechas al inicio de parte de los fiscales de pago de sobornos para que el empresario eludiera sanciones, frente a un caso probado de contaminación ambiental. El acusado es Sergio Taselli, que fue representado en esta causa por el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hasta el día previo a asumir su cargo. También fueron imputados los ex directivos de la firma petroquímica Máximo Taselli y Matías Gallegos.
La Corte Suprema santafesina dirimió este caso en favor de lo que pedía Sergio Taselli de manera apretada, por 4 votos a 3, con la convocatoria de un conjuez para desempatar, que ya había sido llamado en una instancia anterior con el mismo fin de desnivelar a espaldas del conocimiento de los fiscales.
Este es un caso transparente de notorios manejos de influencias en una puja entre figuras encumbradas de poder económico y político, que termina a favor no solamente de Taselli. Aunque ahora no los toca, la resolución también podría beneficiar al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto de Santa Fe Gabriel Luzzini.
La Corte de Santa Fe demora el juicio por daño ambiental contra un empresario que defendió Cúneo
Ambos estaban a punto de ir a juicio por motivos diferentes. Serjal, un ex jefe de fiscales de Rosario echado por corrupción en 2020, por concederle en su momento a Taselli un criterio de oportunidad, es decir una alternativa para no tener sanción, a fin de hacerlo esquivar los costos penales y económicos del daño ambiental. Luzzini quedó imputado por desobedecer un decreto del ex gobernador Miguel Lifschitz para ir a fondo con acciones penales por el envenenamiento del medio ambiente. Y de prestar consentimiento al acuerdo que representó la inmunidad para Taselli.
Taselli desde 2004 dirigió una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario. Lo que se investigó en su contra fue el caso de envenenamiento ambiental provocado por manejos negligentes o dolosos de sustancias contaminantes en la compañía Petroquímica Capitán Bermúdez. Un pleito donde estaban en juego tierras de valor multimillonario. Son 23 hectáreas sobre el río Paraná en un área portuaria donde en 2022 se exportaron 19 mil millones de dólares.
Daño y pagadiós
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtiero que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias.
Oportunamente LPO reveló que en el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas y muy dañinas para la salud en el suelo, aire y agua en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas.
El municipio de Capitán Bermúdez detectó el mal estado de las cañerías y tanques de almacenamiento de cloro desperdigados por todo el predio. La Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe constató un evento de emisión de gas cloro y la presencia de residuos peligrosos mal tratados en 2016.
Petroquímica Bermúdez: la amenaza de una tragedia ambiental en el corazón del Gran Rosario
En ese contexto, el ex gobernador Lifschitz ordenó una denuncia a la Fiscalía de Estado. Como consecuencia se inició una causa penal en el marco de la cual un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
El entonces fiscal regional de Rosario Serjal, acusado de corrupción en otras causas, de manera injustificada ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, algo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Todo eso fue apelado por el abogado Jorge Ilharrescondo, corresponsal de Cúneo Libarona en Rosario, quien sostuvo que su cliente Taselli no debía ir a proceso porque sería juzgado dos veces. Argumento que los camaristas descartaron. Ellos adujeron que la primera vez fue perdonado de manera injustificada y sospechosa.
Esto es precisamente lo que ahora la Corte Suprema santafesina le concede. Sostiene la idea de que si sigue el caso contra Taselli se romperá el principio de non bis in idem, que impide que una misma persona responda dos veces por un mismo caso. Esta es la idea de los ministros de la Corte María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Fernando Gentile Bersano. Este último es el conjuez llamado a desempatar.
Los otros ministros dicen que no habría dos juicios porque si a Taselli le cerraron el caso con un acuerdo de partes fue por motivos inaceptables. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery lo habían verbalizado en una audiencia en 2021: Serjal, una persona que según acusaciones previas cobraba mensualmente sobornos, había tenido razones opacas para no avanzar en un caso gravísimo sin pena. La incomprensible salida que le dio a Taselli, dijeron, era resultado “de un plan delictivo”.
El juez Daniel Erbetta
El ministro Daniel Erbetta, único penalista de los seis miembros de la Corte, coincidió con los jueces inferiores: para él no se puede hablar de cosa juzgada porque el acuerdo que despegó a Taselli fue como mínimo un error judicial grave, una salida gravemente viciada, por completo inmotivada y sin sustento normativo. Sostuvo que tan tremenda anormalidad no puede tener efecto definitivo para la causa. Taselli no fue juzgado antes: obtuvo un acuerdo espurio que declaró extinguida la acción penal.
El juez Tutau, para Erbetta, inventó un modo de resolver el caso que no existe procesalmente. No hubo sobreseimiento para Taselli ni archivo del caso. El hecho no fue juzgado antes. Y los fiscales, dice, tienen límites y una exigencia legal para ejercer la acción penal, y es que sus actos no tengan discrecionalidad ni arbitrariedad. En este caso de manera incomprensible Serjal ordena perdonar a un empresario poderoso un delito grave para la comunidad, razón por la cual el ex gobernador Lifschitz ordenó acciones judiciales.
Para el ministro Falistocco, no se daba ningún supuesto legal para que interviniera el juez Tutau en este caso ni, menos aún, para que los fiscales dispusieran la extinción penal de la causa contra Taselli. No hubo ningún juicio previo para el empresario, dice Falistocco, “en tanto la injustificada extinción de la acción penal fue dispuesta sin que se hubiera concretado en la causa ni siquiera la formulación de cargos” a los acusados.
Para la ministra Gastaldi, en cambio, lo actuado por Tutau no fue controvertido. No se advierte error de derecho en la salida que se dio a Taselli y sí hay insuficiente fundamentación en los planteos que señalan la invalidez de la medida que le acordaron al empresario.
El fiscal aturdido
En marzo de 2019 Serjal le dio la orden al fiscal de San Lorenzo que investigó a Taselli, Juan Carlos Ledesma, de favorecer al empresario con un criterio de oportunidad. En la audiencia donde desistiría de la acusación, a Ledesma, que había obtenido una muy razonable cantidad de evidencia sobre el delito de Taselli, lo vieron aturdido.
A tal punto que el juez Tutau le preguntó tres veces si en verdad quería retirar su acusación al empresario. Como Ledesma contestó que sí, el juez Tutau aceptó el planteo de suspender la causa penal.
Todo apestaba a irregular. Los fiscales, el juez que reabrió el trámite, los tres camaristas y la mitad del máximo tribunal vieron todo lo fraudulento del trámit donde, por ejemplo, no se convocaron a las víctimas de la contaminación ambiental, para decir si estaban de acuerdo con excluir a Taselli del caso. Algo que obliga la ley.
En una de las audiencias el fiscal Schiappa Pietra ponía en claro la dimensión de lo que había en juego en este caso. “¿Qué va a hacer Santa fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como Estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar?”, se preguntaba. ¿Qué hacemos con una orden ilegal para perdonar una contaminación por un daño ambiental que hacía desmayar a nenas de colegio? Acá se habló mucho de remediación. Reparar el medio ambiente es muy caro. Son millones de dólares los que va a tener que pagar Taselli si podemos imputar”, dijo.
El máximo tribunal de Santa Fe ahora dice que juzgar a Taselli es, como dicen sus defensores, inconstitucional porque su caso ya fue analizado en Tribunales. No importa que el acuerdo sus defensores lo hayan firmado con un fiscal regional que no explicó porque no impulsaba contra él una causa por un grave delito contra la población de Capitán Bermúdez, que renunció al saberse que cobraba coimas y que tiene pendientes dos juicios por abuso de autoridad, omisión de persecución penal y encubrimiento agravado.
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