Los aceiteros comenzaron este lunes, en simultáneo con la sesión en Diputados, una huelga por tiempo indeterminado que paralizará la mayoría de los puertos vinculados al sector del país y las exportaciones de granos -vitales para la “cosecha” de dólares que pretende obtener el Gobierno nacional- en respuesta a la decisión del oficialismo y parte de la oposición dialoguista de avanzar en el tratamiento y eventual media sanción, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, en la Cámara baja de la nueva versión de la ley Ómnibus y la reposición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), anunció a través de un comunicado la realización de “una huelga en las plantas aceiteras y desmotadoras del país por tiempo indeterminado por salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora y en rechazo a la Ley Ómnibus”, la cual -agregaron- “pretende imponer una regresiva reforma laboral con tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios, reinstalación del impuesto a las Ganancias y privatizaciones de empresas del Estado y recursos que son patrimonio de todo el pueblo argentino”.
“Definimos la medida por dos cuestiones”, señaló Daniel Succi, quien conduce el SOEA, a la radio de la Universidad Nacional de Rosario. “Primero, defender el bolsillo de los trabajadores (ante la reversión de) el impuesto a las Ganancias. Nos ha costado muchos años tener un salario digno. Pero también es contra la reforma laboral porque facilitará el trabajo en negro, no importará si (las empresas) presentan o no el (formulario de aportes previsionales) 931. Los trabajadores, dentro de 30 años, cuando se tengan que jubilar, no sabrán si la empresa existe y si le fueron hechos los aportes”.
En otro pasaje de su diálogo con esa emisora, Succi añadió: “No se trata (el paro) solo porque los aceiteros tienen el mejor salario y no quieren pagar impuesto a las Ganancias, sino que está comprendido todo el conjunto de los trabajadores porque la reforma laboral va a perjudicar a quienes ganan mucho, como los aceiteros, pero también a quienes ganan menos. Tenemos que estar todos juntos y salir a demostrar cómo son las cosas”.
Respecto a la reforma laboral que estaba siendo debatida al cierre de esta nota en Diputados, los aceiteros advirtieron que lejos de tratarse de una “modernización” de los vínculos laborales, conlleva en rigor “un gran retroceso”. Y apuntaron contra algunos de los puntos que la iniciativa de la administración de Javier Milei, en acuerdo con los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal, busca aprobar en el Congreso Nacional.
“Deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas; legaliza el fraude laboral con la figura del ‘trabajador independiente’, por fuera de toda protección legal; favorece la tercerización y la precarización; amplía el período de prueba de 3 a 6 meses, y en algunos casos puede ser de 8 y hasta 12 meses, para atemorizar y disciplinar a las y los trabajadores; favorece la discriminación y despidos por causa de origen étnico, racial, religioso, gremial, de salud, condición física, ideología u orientación sexual”, enumeró la federación sindical.
Otros de las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 que fueron cuestionadas por los aceiteros fue lo que el gremio caracterizó como un “ataque a las mujeres” debido a que el proyecto de ley en discusión prevé que “durante el embarazo se pueda trabajar hasta 10 días antes” de la fecha de parto prevista, “lo que ahora sólo es posible si el parto se adelanta”.
“Así, el empleador podrá ‘sugerir’ a las trabajadoras que trabajen casi hasta parir”, fue la advertencia de los aceiteros.
También cargaron que vaya a habilitarse por ley que “mediante la negociación colectiva se creen Fondos de Cese Laboral” porque “se pierde así el efecto disuasivo de la indemnización por despido, cuya finalidad es la protección de las fuentes de empleo”.
Los aceiteros cuestionaron duramente que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional “facilite los despidos en el Estado”. El Gobierno presidido por Milei lleva realizados unos 20.000 despidos y en varias oportunidades tanto el jefe de Estado como sus principales funcionarios cifraron en 70.000 el número de puestos de trabajo que se proponen destruir en la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas.
Y advirtieron que, “como toda reforma laboral que quita derechos, no va a generar más empleo, ni registración, ni crecimiento económico. Nunca ocurrió en ningún lugar del mundo, no será esta la excepción”.
La federación aceitera y el sindicato de la ciudad santafesina de San Lorenzo reiteraron en su comunicado lo que ese y otros gremios, como metalúrgicos, petroleros y bancarios, vienen señalando: “El salario no es ganancia”.
Además, denunciaron y rechazaron “la presencia de Gendarmería en las zonas de los puertos aceiteros para amedrentar, y hacemos responsables al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de huelga”.