El Colegio de Arquitectos de La Plata respaldó el decreto del intendente Julio Alak que suspende por 180 días la ejecución de una serie de obras y procedimientos administrativos que fueron puestos en marcha de forma irregular durante la gestión de Julio Garro.
La medida, motivada por inconsistencias legales en ordenanzas aprobadas durante la gestión del ex intendente y su secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Barbier, busca frenar desarrollos que no cuentan con la correspondiente convalidación de la Provincia, pudiendo estar ligados a intereses políticos y económicos.
Según explicó el Colegio de Abogados, la instancia de aval “es de vital importancia no solo porque garantiza el ajuste a los objetivos y estipulaciones exigidos en la legislación madre, sino porque su falta impide el progreso de los trámites de subdivisión de la tierra, dando lugar a los conocidos como ‘lotes indivisos’ y a los trastornos a nivel dominial que implican”.
“Esta circunstancia de falta de convalidación, como así también las variadas inconsistencias de las normas en cuestión, fueron observadas en reiteradas ocasiones por el colegio y no tomadas en cuenta por las autoridades de turno, ni en la etapa de sanción, ni al momento de su aplicación”, añadieron.
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En este marco, recalcaron que “es imprescindible el ordenamiento de esta condición normativa” y señalaron que las normativas impulsadas por Garro y Barbier introdujeron cambios de zonificación que afectan áreas sensibles en la periferia norte, oeste y sur de La Plata, generando graves inconsistencias y conflictos urbanísticos.
El decreto de Alak, emitido el 10 de octubre, responde a advertencias de la Provincia que señalan posibles violaciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, la cual exige una aprobación del gobierno de Axel Kicillof para cualquier ordenanza que modifique el ordenamiento urbano.
Luis Barbier y Julio Garro.
En los últimos años, bajo la administración de Garro, se autorizaron obras en más de 400 barrios, muchas de ellas sin la validación requerida, lo que podría implicar abuso de autoridad y otros delitos, como fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Asimismo, estudios revelaron que estas urbanizaciones podrían duplicar el espacio urbano irresponsablemente sin garantizar servicios básicos, lo que agravaría fuertemente las deficiencias existentes, especialmente en un contexto de 200 asentamientos de emergencia que también requieren infraestructura esencial.
La situación derivada de las decisiones de Garro y Barbier no solo preocupan a los profesionales, sino también a la comunidad, que ahora depende de una planificación coherente y transparente. Ante este panorama, el nuevo Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), compuesto por universidades y colegios profesionales, trabaja en la elaboración de un nuevo Plan y Código de Zonificación Urbana.
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