Crece la preocupación en el sector pesquero por la demora en el reparto de las cuotas para la pesca de merluza común (hubbsi) para los próximos 15 años.
Tras el escándalo por el pedido de coimas a empresarios que reveló en exclusiva LPO, la cuotificación de esta especie, primordial en la cadena, ya fue aplazada dos veces en el Consejo Federal Pesquero (CFP).
Sin certezas ni información oficial sobre lo que sucederá, fuentes del sector temen que, cuanto más se dilaten los tiempos, más fuerza pueda ganar la intención de Federico Sturzenegger de licitar estas cuotas.
Eso, iría en detrimento del esquema actual, donde las cuotas se reparten en base a criterios históricos, inversiones y generación de empleo de quienes ya operan.
En ese sentido, no dudan que un sistema de licitación sería un golpe mortal para muchas de estas empresas, ya que entrarían a jugar multinacionales y grupos extranjeros integrados de gran porte.
En la sesión del 5 de septiembre, el CFP definió la cuotificación de todas las especias, menos de la merluza común. Poco antes, LPO dio a conocer que, durante una reunión en un sótano, un hombre visiblemente armado reclamó a empresarios una coima de 15 millones de dólares para ser beneficiados en ese reparto.
Aunque estaba previsto tratar la cuota de hubbsi en la sesión del jueves pasado, otra vez se aplazó.
Ese panorama empieza a disparar reclamos explícitos de cámaras empresariales, como lo hizo la Cámara Pesquera Argentina (Capear Alfa). Ahí, exigieron al Gobierno realizar “de manera urgente” las gestiones para renovar la cuota de merluza común.
“La pregunta es clara: ¿debemos abastecernos de insumos y confiar en que la renovación de la cuota se realizará o debemos continuar esperando?”, plantearon en un reciente comunicado, al marcar que los insumos son un punto crítico, ya que son importados.
“En esta situación de profunda incertidumbre, es imposible pensar en la creación de mayor empleo”, señalaron para agregar que esta demora en el reparto “en última instancia destruye la estructura industrial pesquera del país”.
Tras acusar que en el Gobierno “no sólo no se toman las decisiones que son necesarias para planificar y desarrollar nuestra actividad”, en Capear Alfa pusieron de manifiesto su preocupación: “Se plantean escenarios totalmente perjudiciales como imponer un sistema de licitaciones o aplicar una carga impositiva aún mayor”.
En el medio, la Justicia comenzó a tener injerencia en el tema, ya que el Ministerio Público Fiscal solicitó al CFP la remisión del procedimiento de selección para el reparto de las cuotas de merluza común para el período 2009-2024, como así también el nuevo procedimiento de selección para 2025-2039.
Ahora, el CFP sesionará el 9 y 10 de octubre. Pero en el sector dudan de que, efectivamente, se logren definiciones en la próxima reunión.
Involucran a los servicios de inteligencia en el pedido de coimas a los pesqueros
Algunos trascendidos atribuyen la demora a la presión de Santa Cruz por obtener 30 mil toneladas de cuota social, aumento significativo que repercutiría en lo que se venía otorgando a otras provincias del litoral marítimo. En ese punto, las mayores inquietudes por verse perjudicados están en Mar del Plata.
Por lo pronto, además del reclamo explícito que hizo el gobierno santacruceño, en Puerto Deseado, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) dicen que las plantas de procesamiento trabajan por debajo del 40% de su capacidad y que, ante eso, es central que se otorgue el pedido de 30 mil toneladas.
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