Los diputados Miguel Pichetto y Karina Banfi criticaron el decreto reglamentario sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, comunicado por Boletín Oficial el lunes pasado con la firma de Javier Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo se burló de ambos por Twitter.
Poco después de las 14, el estratega del gobierno apeló a su cuenta @bprearg en X para responderles: “El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones”, tipeó.
Los legisladores habían aprovechado la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara Baja para cuestionar la regulación dispuesta por Casa Rosada. La insistencia de los legisladores derivó en que el funcionario concediera la posibilidad de “revisar” el decreto.
Cuando tomó la palabra, Pichetto señaló que “la reglamentación excede al espíritu de la ley”. “Es cierto que hay un debate entre lo privado, lo íntimo y lo público, que hasta podemos llegar a compartir, es cierto que el mundo y la tecnología hacen prácticamente imposible esa zona muy frágil entre lo privado y lo público de un hombre político, sea el presidente, los gobernadores o los legisladores de este recinto”, reconoció, pero reclamó “que revisen este decreto reglamentario, que lo transmita y lo converse con el Presidente”.
Banfi, por su parte, arremetió contra Francos con dureza. “Cuándo va a derogar el decreto 780/2024 publicado en el Boletin Oficial este lunes. Y no le pregunto si lo va a hacer o no. Le pregunto cuándo porque es inconstitucional”, expresó.
Según la diputada radical, la reglamentación dispuesta por Milei “viola la división de poderes porque se extralimitó en el reglamento al legislar por decreto”. “El artículo 8° de la ley explica que las excepciones son taxativas y ustedes han agregado articulado que son nuevas maneras de interpretación de las facultad de legislar de este Congreso”, precisó.
Banfi defendió el objeto de la norma como un derecho revolucionario. “Nosotros los ciudadanos somos propietarios de la información y el Estado la tutela, la protege, la administra, la ordena y la pone a disposición cuando los ciudadanos quieran”, argumentó, y añadió que es “el funcionario” quien puede “incurrir en una mala fe, reteniendo, destruyendo u obstaculizando la información”.
Por eso, advirtió que “no se puede aplicar el concepto de los contratos del artículo 10° del Código Civil porque no hay igualdad de partes”. “Dicen que preguntan mucho los ciudadanos. Bienvenido. ¡Es un derecho revolucionario, señor ministro!”, dijo Banfi, y concluyó: “Lo que nunca puede hacer el Estado es decrinos qué hay que preguntar y qué no”.
Al momento de contestar esas inquietudes, Francos ensayó “una respuesta general”. “No hay ninguna intención del gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública. Más aún, hemos recibido el récord de preguntas para este informe que estamos dando: 3500 preguntas que hemos resumido en 2500”, sostuvo.
Además, se amparó en las presuntas malas intenciones de los ciudadanos que demandaban información. “El principio de la buena fe tiene que ser para todos. Para los particulares también”, alegó, aunque finalmente admitió: “Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”.
La polémica se dio porque el oficialismo consideró que abundaron pedidos de acceso a la información pública que apuntaban a la vida personal de Milei, sus costumbres en la Residencia Presidencial de Olivos o su conducta con los perros.
Sin embargo, los legisladores fundamentaron que, incluso si hubiera preguntas que un funcionario entendiera no debe responder, no hace falta restringir el derecho de la ciudadanía. “Alcanza con que el gobierno conteste que esa información hace a la intimidad del Presidente”, señalaron a LPO en el despacho de un diputado aliado.
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