El cargo de fiscal regional de Rosario, que maneja la persecución penal en uno de los distritos más complejos del país, será disputado en un concurso público por siete aspirantes. Matías Merlo, que ocupa el cargo de manera interina desde 2023 tras un conflicto público en la jurisdicción, buscará ser refrendado como titular. Si le aprueban el plan de trabajo, lo que se descuenta, será el que propondrá el gobernador Pullaro a la Legislatura, donde su coalición tiene mayoría.
Al mismo tiempo se definen otros cargos relevantes en la Justicia Penal de Rosario. Hace 15 días se celebró el concurso para cubrir dos vacantes de la Cámara Penal. Se anotaron 64 postulantes, entre ellos camaristas, jueces de primera instancia, fiscales, defensores y abogados de la matrícula. De ese contingente de aspirantes 40 rindieron la oposición ante el jurado.
Aún el comité evaluador no entregó los resultados de la prueba que es extensa. Pero en caso de que aprueben el gobierno tiene dos favoritos. Una es Silvia Castelli, ex fiscal y actualmente jueza penal de primera instancia en Rosario. El otro es Miguel Moreno, que se desempeña como jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Rosario.
Por el cargo de fiscal regional hay siete aspirantes inscriptos. Además del actual titular interino están los actuales fiscales Carlos Covani, Patricio Saldutti y Luis Schiappa Pietra. También competirán tres abogadas particulares: María Florencia Baudino, María Verónica León y María Florencia Salvagno Oliva.
La fiscal general de Santa Fe, Cecilia Vranicich, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo
En los últimos años la Fiscalía Regional de Rosario atravesó fuertes zarandeos institucionales que afectaron su imagen pública. En 2020 Patricio Serjal, que ostentaba el cargo máximo, quedó implicado en un escándalo de corrupción institucional, con cobro de sobornos presunto para garantizar impunidad a un empresario de juego ilegal. Se vio obligado a renunciar cuando la Legislatura se apretaba a destituirlo. Afrontará juicio oral en breve.
El segundo fuerte momento de crisis fue a partir de 2023 con una secuencia de denuncias entre fiscales de Rosario que se reprochaban cometer delitos. Llegó a haber 18 denuncias cruzadas. Eso llevó a que la fiscal general María Cecilia Vranicich desplazara a la fiscal regional concursada, María Eugenia Iribarren, a quien atribuyó dificultades para contener las disputas desatadas entre varios de sus fiscales subordinados. La corrió del liderazgo, no de funciones, y ubicó interinamente a Matías Merlo que era el fiscal regional de Venado Tuerto. Iribarren inició su trámite jubilatorio en septiembre pasado. Ahora el Consejo de la Magistratura de Santa Fe llamó a concurso para completar los cuatro años pendientes para ese mandato trunco.
El momento inicial y culminante de la crisis en la Fiscalía Regional de Rosario fue cuando los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca acusaron en una audiencia a su colega Matías Edery de encubrir la actividad criminal de una testigo colaboradora que participaba en causas de este último. Es una controversia aún no saldada. Edery fue removido de la ya disuelta Unidad de Crimen Organizado, suspendido por la Legislatura e imputado en una causa penal.
Merlo administró la transición bajo el mandato de la fiscal general Vranicich en una explícita sintonía con el gobernador Pullaro y su ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Esa valoración positiva del gobierno es gravitante para lo que dentro de la administración no se disimula. Merlo será seguramente el elegido para conservar el puesto que maneja 80 fiscales.
Esa eventualidad viene favorecida por un reciente cambio del modo de evaluación en los concursos. Desde el año pasado el criterio para valorar el desempeño de los concursantes es binario: “superó la oposición/no superó”. Y se eliminó, además, el orden de mérito, alguna vez en el pasdo definida con un sistema de puntos. Todos los que alcanzan los objetivos son ordenados ahora por criterio alfabético. Para los críticos esto elimina los matices necesarios para mensurar los mejores desempeños. Se lo estima como un mecanismo pensado para neutralizar cualquier selección rigurosa y favorecer la discrecionalidad hacia favoritos.
Funcionarios del Ejecutivo ponen hace tiempo dos fuertes reparos contra esto. Lo primero es que si un candidato superó la evaluación en un concurso ya es apto para la función. Y es legítimo por consiguiente, afirman, que el gobernador proponga al que considera no solo más competente para la función desde lo técnico, sino también enfocando la destreza requerida a quien debe conducir políticamente una institución donde son normales las conflictividades. El otro argumento es que cuando existían otras formas de calificación también las instituciones –como entidades de magistrados, gremiales o políticas– descargaban presiones para elegir sus preferidos que muchas veces se filtraban pese a los jurados, o incluso con el favor de ellos.
Pullaro logró que le voten tres nuevos jueces para la Corte en un hecho histórico para Santa Fe
La Cámara Penal de Rosario tiene inicialmente dos vacantes por cubrir aunque hay más lugares por completar en un total de cuatro salas con tres integrantes. Entre los que concursaron están los jueces rosarinos Dolores Aguirre Guarrochena, Mariano Aliau, Paula Alvarez, Lorena Aronne, Melania Carrara, Silvia Castelli, María Trinidad Chiabrera, Rafael Coria, Nicolás Foppiani, Florentino Malaponte, Ismael Manfrin, Gustavo Pérez de Urrechu, Pablo Pinto, Griselda Strologo, Estanislao Surraco, Nicolás Vico Gimena y Eleonora Verón.
También hay en la nómina fiscales como Aquiles Balbis, Carlos Covani, Juliana González, Juan Carlos Ledesma, Miguel Moreno, Sebastián Narvaja, Rodrigo Santana, Melisa Serena, Viviana O’Connell. Y los defensores públicos Gonzalo Armas, Mariano Bufarini.
Las preferencias que esboza el gobierno en caso que atraviesen con éxito el concurso son muy audibles en el entorno de Pullaro. Castelli que es jueza hace cinco años tiene reconocimiento hacia su desempeño técnico. Moreno fue secretario de un juzgado de instrucción, luego fiscal de Homicidios y ahora de Delitos Económicos, donde lleva adelante las acusaciones por estafa contra el directorio de Vicentin.
En el área penal también se concursan cuatro cargos de jueces de menores en toda la provincia y seis de jueces de primera instancia.
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