La batalla entre Maximiliano Pullaro y la Justicia de Santa Fe entró en una etapa frontal y sin disimulos. Luego del proyecto de reforma jubilatoria que rebaja haberes, incrementa aportes y fija ingresos máximos los magistrados respondieron con una asonada masiva en la puerta de los Tribunales de Rosario. Ahora el gobernador manda, como querían los jueces, los pliegos para designaciones. Pero en una cantidad completamente más baja de los 70 que requieren y apenas cinco para los distritos de Santa Fe y Rosario donde está el mayor peso político de la magistratura.
El frente del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial está cerrado y monolítico. El gobernador remarcó que seguirá adelante con su reforma previsional, que desata medidas de fuerza para esta misma semana en sectores como docentes, pero apunta claramente al campo de los tribunales donde están por lejos las mejores condiciones laborales y remunerativas.
Este miércoles en el sitio online del Consejo de la Magistratura de la provincia se publicaron los llamados a concursos para cubrir 18 juzgados en un ochenta por ciento para el interior de la provincia. Los magistrados señalaron explícitamente el viernes último que necesitan completar 70 vacantes, que esos huecos lesionan el servicio de Justicia y que el Ejecutivo no acusaba recibo de tal demanda.
Los jueces santafesinos se sublevan contra la ley jubilatoria de Pullaro con una protesta inédita
Ahora Pullaro responde de una manera parcial y esa deliberada limitación luce cargada de sentido. Desde su Gobierno habían señalado que la Justicia viene marcada por abusos funcionales, que en algunas jurisdicciones hay más jueces que fiscales que son los que investigan el delito y que antes que completar vacantes buscarán el saneamiento institucional y descompensado que ven en el único poder que no tiene cargos electivos que además son vitalicios. Este miércoles impulsa los concursos en cuentagotas y en las ciudades más chicas. Con una manifiesta vocación de no abrir la mano. En contraposición, hace una semana pidió trámites semejantes para designar a 54 nuevos fiscales.
“Quiero terminar con todos los privilegios, sobre todo los de los que más ganan. Y los de aquellos que se creían que tenían coronita, ustedes saben quiénes son: los jueces, el Poder Judicial”, dijo Pullaro. La vicegobernadora Gisela Scaglia, del PRO, expuso lo amalgamados que están en la cruzada. “La reforma apunta a los que más cobran. Vamos a pedirles a los que ganan más que aporten más. Lo que dice la ley es que a partir de ahora nadie va a tener más de 20 mínimas, que en promedio de hoy son 7 millones”, refirió.
Con el sistema vigente los que más cobran, ministros de la Corte Suprema, pueden llegar hasta 32 veces el registro del haber pasivo mínimo. En la reunión del viernes unos 200 jueces se pararon en las escalinatas de los Tribunales de Rosario en una elocuente manifestación de resistencia a un proyecto que tildan de confiscatorio y que, anuncian, traerá una avalancha de acciones de inconstitucionalidad.
“Que dejen por un rato los palos de golf que agarran a partir de las 13 cuando en Tribunales no queda ni el loro y se pongan a meditar cómo viven los demás”, dijo hace unos meses un miembro del gabinete del gobernador. Scaglia se refirió ayer a la imagen del viernes último del pelotón de jueces ofuscados como “una foto casta”. Y Pullaro defendió una ley de retiro que tiene puntos críticos para trabajadores estatales, no solamente los mejor rentados, con una frase tenaza. Recordó que la Caja de Jubilaciones de la provincia tenía un déficit proyectado de 430 mil millones de pesos para 2024, que sus beneficiarios reciben el 82% móvil pero que su rojo insustentable lo soportan contribuyentes provinciales que al jubilarse cobran el 60%, lo que considera una injusticia. “Acá hay dos caminos. O terminar con los privilegios o aumentar los impuestos. Y yo no voy a subir impuestos. En Santa Fe el que más gana va a pagar más. Va a pagar mucho más”, prometió.
La protesta de los jueces santafesinos
Pullaro saca el ejército a la calle en el que es acaso el momento culminante de su legitimidad pública. Viene aupado por la notable baja de delitos de alta lesividad, en especial de los homicidios, que en ocho meses bajaron más de un 60 por ciento. También por una dinámica de gestión pública con iniciativas de obra pública y estímulos a los sectores productivos que contrastan fuerte con el perfil del gobierno nacional. En las últimas dos semanas su gobierno impulsó un plan estratégico de seis gasoductos troncales, proyectos para reconstrucción de rutas y obras viales, y duplicación de la infraestructura carcelaria disponible. Son estas últimas iniciativas que están en fase de proyecto, es decir solo anuncios, pero con la previsión de fondos provinciales. Eso con el constatable freno de los delitos de sangre dan una impronta de solidez a su imagen.
Desde allí acomete también la reforma a la Corte Suprema de Justicia que es un propósito básico en una crítica donde no hay puntada sin hilo. Pullaro quiere que los ministros que superaron los 75 años, cinco de los seis, se vayan voluntariamente. Difícilmente eso se ajuste a sus deseos. Solamente uno de ellos, Mario Netri, anunció que dejará su cargo el 1° de noviembre. También podría retirarse Eduardo Spuller. Pero tres ministros de origen peronista no tienen intenciones de seguirlos. Son María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y el actual presidente Rafael Gutiérrez.
En ellos hará blanco la próxima acción de la infantería del gobernador. En la reforma previsional ya les fue destinada una movida: hay una cláusula transitoria en la ley previsional que impone a retirarse a quienes tiene tramitado el cese jubilatorio porque, de lo contrario, deberán iniciar nuevamente la gestión, pero bajo el imperio de una norma que recorta los beneficios hoy vigentes. Dos de los tres ministros están en esas condiciones. Si se quedan y sale la ley, cuando se jubilen cobrarán menos. Salvo el caso de Gastaldi son funcionarios con más de 30 años en el Poder Judicial en la cima de ingresos públicos de la provincia y con su núcleo familiar también en la jerarquía máxima de la magistratura. Si hay problemas que los hagan retroceder, sabe Pullaro, no son de plata.
Pullaro defiende su decisión de elegir a tres jueces por una preferencia política
En el Ejecutivo saben que la crisis mayor de la Caja de Jubilaciones no está en el Poder Judicial. Pero aducen que las inalcanzables ventajas de los jueces, que ganan como nadie y quedan en sus puestos de por vida, está en una asimetría inaceptable para la sociedad: tienen tratamientos tributarios diferenciales, no pagan ganancias y tienen la capacidad de fijar la última palabra sobre sus propios privilegios. Los jueces replican que los gastos de la política, en especial de los asesores legislativos más los subsidios multimillonarios en el Senado, están en una zona oscura por la que el gobernador no acusa reparos morales semejantes.
En el medio del palo contra palo que no afloja, la Corte Suprema que ya se había reunido con ministros del área de Justicia ahora pidió una cita directamente con el gobernador. Si la concede los generales de la contienda quedarán frente a frente. De escalar la pugna los cortesanos podrán ganar tiempo con acciones de amparo. El entorno de Pullaro prometió impulsar juicios políticos en caso de resistencia cuando la salida debe ser por la edad tope. Sin embargo allí para el gobernador la mayoría legislativa del gobernador podría zozobrar. Los aliados socialistas, que a duras penas tragan el sapo de la reforma jubilatoria, exigirán un motivo bien fundado para impulsar cualquier proceso de remoción. Eso que desde la época de Hermes Binner los adherentes al partido de la rosa sueñan con remover a la mayoría del máximo tribunal provincial aunque supieron siempre no tener la necesaria fuerza política. En un presente de músculos tensos Pullaro cree tenerla.
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