El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rubén Rodríguez atraviesa un momento de extrema debilidad. A la denuncia que tuvo hace dos meses de parte de una secretaria privada de su juzgado por hechos reiterados de maltrato laboral se le suma ahora una presentada por el gremio judicial que detalla veinte años de amenazas, violencia de género, manejo indebido de dinero y abuso de autoridad contra diversos empleados a su cargo.
Los cargos muestran a Rodríguez como el magistrado todopoderoso de la literatura gauchesca, capaz de actitudes despóticas contra sus empleados que llegan a la caricatura. Episodios de violencia con empleados, arbitrariedades ejercidas sin pudor en público, escenas de maltrato que en las denuncias exhiben a un juez con despliegue convencido de poder e impunidad.
La denuncia de la secretaria privada del juzgado federal tiene un expediente en curso en el Consejo de la Magistratura de la Nación que está a cargo del consejero Mariano Recalde como acusador. Se inició en julio pasado cuando la mujer, que trabaja desde 2008 en el tribunal, contó que presenciaba hace 15 años situaciones sistemáticas de maltrato a empleados.
La mujer que es bibliotecaria señaló que el detonante del maltrato fue cuando le reclamó al magistrado comprobantes por la utilización de fondos reservados por gastos de funcionamiento electoral, dado que Rodríguez es el magistrado con esa competencia en Santa Fe. Según la mujer, el juez presentó apenas por los viáticos reclamados un recibo por su firma. Cuando ella y un habilitado de la secretaría electoral le hicieron notar lo inadmisible de la situación el juez, según la denunciante, comenzó a gritarles con una violencia extrema expresiones tales como: “Yo soy juez federal y ustedes no son nada” o “la plata me la paso por el orto”.
La situación hizo que la mujer acudiera al gremio y se cursara una denuncia ante la Cámara Federal de Rosario que actúa como Superintendencia y que tomó la vocal Silvina Andalaf Casiello como presidenta del organismo. La violencia de la situación hizo que la denunciante se retirara de esa escena junto con el empleado de la Secretaría Electoral “shockeados y conmocionados, tanto que yo salí descompuesta, con vómitos y náuseas”. El juez le comunicó a la encargada de personal electoral que removiera al empleado como habilitado y que no se le diera continuidad a su hija que estaba cursando un interinato.
Este incidente ocurrió la primera semana de julio pasado. Luego se hizo cargo de la actividad del juzgado por la feria el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. En la convicción de que no podía volver a trabajar con el juez la empleada solicitó licencia a Bailaque el 19 de julio último. El juez Rodríguez le remarcó que debía pedírsela a él. Hubo luego una reunión de conciliación donde Rodríguez manifestó, delante de dos delegados gremiales, que no tenía nada por lo que disculparse.
Ante esto no solamente procedió la denuncia ante la Cámara Federal de Rosario que derivó en el inicio de un expediente en el Consejo de la Magistratura contra el juez Rodríguez.
Julio Piumato
También se adicionó una presentación mucho más detallada de parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y por más casos dirigida al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en tanto titular del Consejo de la Magistratura. La denuncia es por “amenazas, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral del que resultaran víctimas varios empleados de la dependencia” a cargo de Rodríguez.
Figuran como denunciantes el secretario general Julio Piumato y Rocío Herrera como secretaria de Protección Individual del gremio judicial. Detallan en el juez Rodríguez “una actitud de maltrato y hostigamiento” al personal que existió siempre, con actitudes de ofuscamiento completamente anormal y una violencia verbal extrema que paraliza a los empleados por el miedo, y que fueron motivo de reiteradas publicaciones en la prensa santafesina.
Refieren una denuncia por maltrato a empleadas del año 2006 que pese a ser planteada ante el Consejo de la Magistratura no prosperó por no existir una perspectiva de género a nivel institucional. Hubo una denuncia en 2005 por haber acosado sexualmente a una empleada que era jefa de despacho y secretaria penal a la que envió, ante su resistencia al asedio, a poner el sello de recibido en la oficina de ejecuciones fiscales, “en un claro acto de adoctrinamiento para ella y para todo el resto del personal del juzgado”.
Antes que eso, sigue la denuncia sindical, en el año 2002 según los relatos el juez Rodríguez mortificó, acosó y persiguió a quien fuera secretaria de ese juzgado, a quien hizo insinuaciones de todo tipo, molestándola e incomodándola frente a los empleados del tribunal, para finalmente acosarla laboralmente “evidentemente al no responder a sus deseos”.
Los relatos consignados por el gremio se multiplican. Refieren así que en una ocasión Rodríguez requería de un ordenanza pero todos los empleados estaban con trámites fuera del edificio. “Entonces muy enojado y a los gritos resolvió dejar parado a uno fuera de la oficina durante las seis horas de su trabajo”, lo que duró varios días. “En un momento le permitió sentarse y más adelante lo autorizó a realizar otras tareas, es decir se penó y se persiguió a una persona por encontrarse trabajando, el castigo fue dejarlo cual florero sin hacer nada y parado en la puerta de su despacho”.
Para sumar, a decir del gremio, actitudes repudiables, acusan que entre 2008 y 2018 tuvo discusiones con uno de los empleados, “al punto de dejarlo con el escritorio mirando a la pared durante un mes como penitencia”.
Los gremialistas incluyen en su presentación la denuncia de la empleada que pidió traslado en julio de 2024 que abre esta nota. Remarcan que en virtud de la misma el juez Rodríguez “pretendió utilizar dinero de los gastos de funcionamiento electoral para justificar gastos efectuados en un viaje a la ciudad de Buenos Aires obviando la presentación de factura”.
En la denuncia el gremio ofrece como prueba el testimonio de trece empleados judiciales, de los que aporta sus cargos y sus contactos. También de un periodista. Asimismo extienden antecedentes de actuaciones previas contra el mismo magistrado en el Consejo de la Magistratura y notas publicadas en distintos momentos y medios de prensa sobre las actitudes objetables que se le atribuyen.
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