El Ministerio de Justicia anunció que auditará los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado y “detendrá los pagos” debido a que se encontraron “irregularidades” en la tramitación.
En una publicación en su cuenta oficial de la plataforma X, la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona explicó que realizará “una auditoría integral” de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
“Se detienen los pagos en un plazo de 180 días para la auditoría. Esos plazos pueden extenderse en la medida que se encuentren irregularidades o que se requiera más tiempo por la complejidad del asunto”, señalaron fuentes del Ministerio.
“El ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, sostuvo el comunicado.
Fuentes del ministerio de Justicia indicaron a FM Digital Empalme que se “van a auditar 22.500 expedientes” con “un promedio de cada juicio de 85 millones de pesos”.
“Se detienen los pagos en un plazo de 180 días para la auditoría. Esos plazos pueden extenderse en la medida que se encuentren irregularidades o que se requiera más tiempo por la complejidad del asunto. A medida que se vayan auditando se irán liberando si corresponden los pagos”, sostuvieron desde el ministerio.
Según informó el ministerio, se detectaron “irregularidades en la tramitación, otorgamiento y pagos en las reparaciones” enmarcadas dentro de la ley.
La auditoría surge tras el fallo de procesamiento dictado en la causa “Martínez Moreira, Adrián y Otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó Ia Sala II de Ia Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional Federal.
“EI Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, señana el comuinicado de la cartera de Cúneo Libarona.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en la Administración Pública Nacional”, señaló el comunicado.
En la causa señalada, Adrián Martínez Moreira, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman fueron procesados como organizadores de una asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos.
Por este caso, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.
Además, el ministerio denunció que existen “otras causas penales en trámite irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de que respalde su pedido”.
“EI Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, cerró el comunicado.
La reparación económica para familiares y/o victimas del terrorismo de Estado está enmarcado dentro de la ley 24.411, sancionada en 1994, que establece que las víctimas “tendrán derecho a percibir, por medio de sus causahabientes, un beneficio extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional aprobado por el decreto 993/91, por el coeficiente 100”.
Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, le pidió a Cúneo Libarona que aclare que “la denuncia a estos delincuentes” había sido motorizada por su gestión.
“Claramente es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de estado y cubrir un manto de sospecha a nuestra gestión. Muy berreta ya que hay documentación que prueba que nosotros denunciamos y desbaratamos estos tranfugas”, indicó Pietragalla en su cuenta de la plataforma X.